Carlos Genatios, quien fue ministro de Ciencia y Tecnología bajo la presidencia de Hugo Chávez, cuestionó abiertamente el relato oficial que atribuye el colapso de la red sismológica venezolana al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. El ingeniero civil, especializado en riesgo sísmico, recordó que en 2000 estuvo a cargo de la reconstrucción del estado La Guaira tras el devastador deslave que cobró miles de vidas, y ahora vuelve a la conversación pública porque esa misma región quedó nuevamente en escombros tras el doble sismo que golpeó el centro-norte del país el 24 de junio.
Genatios ha dedicado sus últimas declaraciones a desarmar
Punto por punto, las justificaciones que ofrece el chavismo para explicar por qué el Estado no pudo responder adecuadamente a la emergencia. Según sus palabras, resulta difícil creer que el «bloqueo» sea responsable de que la red sismológica estuviera fuera de servicio al momento del terremoto, cuando la infraestructura ya se encontraba deteriorada de antemano y los pocos registros disponibles presentan fallas.
Su crítica apunta directamente a quienes estuvieron al frente de Funvisis.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, durante los años en que el barril de petróleo se cotizaba por encima de los 100 dólares, un período en el que (recalca) el país tenía recursos de sobra para sostener el sistema de monitoreo sísmico.
El exfuncionario recuerda que en 2000, con el crudo apenas en 9 dólares por barril, Venezuela logró construir la red sismológica más avanzada de América Latina por un costo de 5 millones de dólares. En cambio, entre 2008 y 2009, con precios petroleros muy superiores, la infraestructura comenzó a deteriorarse y a quedar en el abandono. Al hacer este contraste, Genatios pone el foco en que el problema no fue de recursos, sino de gestión y prioridades.
Cuando se refiere al argumento del «bloqueo», el exministro apunta a una narrativa recurrente del oficialismo: endosar a las sanciones estadounidenses la responsabilidad de buena parte de los problemas del país, aun cuando la evidencia muestra que la crisis económica venezolana tiene raíces anteriores, ligadas a las propias políticas del régimen. También hace referencia a los cerca de 300.000 millones de dólares que, según reconocieron en su momento los propios exministros chavistas Jorge Giordani y Héctor Navarro, se perdieron o desviaron producto de la corrupción asociada al control de cambio.
Un sistema desmantelado
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) difundió un informe en el que documenta la fragilidad institucional y la falta de transparencia estatal en torno a la tragedia sísmica, que hasta el momento suma un saldo oficial de 5.546 fallecidos. La organización sostiene que el deterioro de Funvisis, producto de la falta de inversión y de la politización de la institución, no solo vulnera el derecho a la ciencia sino que también impidió recopilar a tiempo los datos sísmicos necesarios para analizar uno de los eventos más catastróficos de la historia reciente del país.
De acuerdo con especialistas de la Universidad de Los Andes citados por el ODH-ULA, de las 300 estaciones sismológicas que llegó a tener el país en funcionamiento, hoy apenas quedan entre tres y cinco operativas. A esa desinversión se suma la salida de científicos del país, resultado de las condiciones adversas para el trabajo universitario, lo que ha dejado a Venezuela prácticamente sin capacidad para estudiar el fenómeno que la golpeó.
Tras la tragedia, el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente reportó que también intenta reponer su propia red de estaciones, afectada esta vez por hechos delictivos. Su directora, Janette Castillo, explicó en una entrevista con Radio Fe y Alegría que sustrajeron la torre de transmisión y varios componentes electrónicos básicos del equipo.
