La medida, en vigor desde el 27 de julio y con vencimiento previsto para el 29 de enero de 2027, establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se abstendrá de iniciar acciones sancionatorias contra entidades financieras que presten servicios relacionados con operaciones autorizadas de apoyo a la recuperación venezolana durante ese período.
El Tesoro señaló que el objetivo es aliviar las trabas regulatorias que suelen surgir cuando las instituciones financieras procesan pagos vinculados a programas de reconstrucción, ayuda humanitaria y recuperación económica en un país que sigue bajo un extenso régimen de sanciones. El organismo aclaró que esta flexibilización no equivale a un levantamiento de las sanciones ni modifica las restricciones que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y que las entidades financieras deberán seguir cumpliendo con sus programas de prevención de lavado de dinero y demás controles exigidos por la ley estadounidense.
También se precisó que esta protección no cubrirá a quienes incumplan deliberadamente la normativa financiera: la disposición está pensada exclusivamente para facilitar operaciones ya autorizadas, no como una exención general de las obligaciones legales existentes.
La decisión llega tras los terremotos del 24 de junio
Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia, que provocaron daños severos en varias regiones del país y se convirtieron en uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente de Venezuela. El impacto económico ha sido igualmente considerable: un informe del Banco Mundial divulgado el 23 de julio calculó en unos 19.600 millones de dólares las pérdidas y necesidades de reconstrucción, cifra que, según el organismo, podría retrasar por años la recuperación del país.
En ese escenario, la flexibilización busca que los fondos destinados a programas de asistencia puedan moverse con menos trabas administrativas, dándole mayor certeza jurídica a las instituciones financieras involucradas en operaciones autorizadas.
Las sanciones estadounidenses contra Venezuela se remontan a 2015
Cuando la administración de Barack Obama impuso medidas selectivas contra funcionarios del régimen. Washington amplió luego las restricciones económicas a partir de 2017 y endureció el esquema sancionatorio en 2019, incluyendo límites sobre PDVSA y otras áreas clave de la economía. Desde entonces, el Tesoro ha recurrido en varias ocasiones a licencias específicas y excepciones puntuales para permitir actividades que considera compatibles con los objetivos de su política de sanciones, entre ellas operaciones energéticas, transacciones financieras concretas y programas humanitarios.
La nueva disposición se enmarca en ese mismo esquema de excepciones acotadas. El Tesoro insistió en que las instituciones financieras seguirán obligadas a cumplir la normativa vigente, y remarcó que la medida responde únicamente a la necesidad de facilitar las operaciones autorizadas que respaldan la recuperación de Venezuela tras la emergencia sísmica.
