Detenciones que no siguen el procedimiento legal, obstáculos para ejercer una defensa adecuada, procesos judiciales que se alargan indefinidamente y el uso recurrente de la prisión preventiva son prácticas que organismos internacionales han denunciado repetidamente en Venezuela cuando se trata de presos políticos o personas privadas de libertad por razones de conciencia. La defensa del abogado José Ignacio Moreno Suárez sostiene que su caso reúne varias de estas irregularidades. Detenido desde junio de 2023 tras haber representado en el país a la minera Gold Reserve Inc., su equipo legal afirma que el proceso en su contra terminó convirtiendo el ejercicio de su profesión en un delito.
Moreno Suárez lleva recluido desde el 4 de junio de 2023 en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I. La Fiscalía lo acusa de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, cargos vinculados a su trabajo como representante legal de Gold Reserve Inc., empresa que mantiene un litigio internacional contra el Estado venezolano por el proyecto aurífero Brisas-Cristinas.
Para José Loreto Carpio, abogado constitucionalista que forma parte de su defensa, el problema no se limita a los cargos imputados, sino a cómo se desarrolló todo el procedimiento desde el primer momento.
Una detención sin orden judicial
Según el expediente, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) abordaron a Moreno Suárez mientras almorzaba en un restaurante caraqueño y le pidieron que los acompañara para una entrevista. Horas más tarde ya estaba privado de libertad. Loreto sostiene que la Constitución exige una orden judicial o flagrancia para detener a alguien, y que ninguna de esas dos condiciones se cumplió en este caso. La defensa señala además que el acta policial no hace referencia a ninguna orden de captura emitida por un tribunal.
Un acceso limitado a la defensa
De acuerdo con Loreto, tras la detención Moreno Suárez pasó cerca de 45 días sin poder reunirse con abogados de su confianza, mientras la investigación avanzaba con la asistencia de un defensor público, sin acceso al expediente ni a las pruebas de la Fiscalía. Cuando el equipo defensor finalmente pudo verlo, más de cuatro meses después del arresto, las restricciones seguían: no se permitía llevar documentos, papel ni materiales para preparar la estrategia legal durante las visitas.
Una prisión preventiva que excede el límite legal
El argumento central de la defensa gira en torno al tiempo que Moreno Suárez lleva detenido. Loreto cita el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, que fija en dos años el límite para la prisión preventiva salvo una prórroga excepcional debidamente justificada, y sostiene que ese plazo por sí solo bastaría para calificar la medida como arbitraria y claramente ilegal.
La defensa pidió que se declarara vencida la medida privativa de libertad, pero el tribunal rechazó la solicitud alegando que las circunstancias que motivaron la detención no habían variado. Esa decisión fue apelada, y Loreto argumenta que lo que sí cambió fue el tiempo: de no tener ni un día detenido a superar ya los tres años a la espera de juicio.
Dudas sobre las pruebas presentadas
La defensa también cuestiona el origen de la investigación. Según la acusación, la identificación de Moreno Suárez partió de la declaración de otro detenido que colaboró con las autoridades, y posteriormente se incorporaron como evidencia una gorra con el logo de Gold Reserve, una copia del laudo arbitral del litigio internacional —de acceso público— y un supuesto correo electrónico enviado a una periodista, documento que la defensa afirma no haber podido examinar pese a solicitarlo en varias ocasiones.
El ejercicio profesional bajo sospecha
Para el equipo legal, lo más preocupante del expediente es que la acusación interpreta las gestiones de Moreno Suárez a favor de su cliente en el arbitraje contra Venezuela como parte del delito, algo que Loreto considera equivalente a criminalizar el simple ejercicio de la abogacía. El defensor advierte que esa lectura genera incertidumbre para cualquier profesional que represente a empresas, nacionales o extranjeras, en litigios contra el Estado venezolano.
Un caso que va más allá del expediente penal
Con la apelación aún sin resolver y el juicio sin fecha definida, Moreno Suárez continúa recluido en El Rodeo I. Más de tres años después de su detención, la discusión ya no gira únicamente en torno a los delitos que le atribuye la Fiscalía, sino a si todo el proceso ha respetado las garantías establecidas tanto en la ley venezolana como en los estándares internacionales de debido proceso.
